Cuando hablamos de controlar o limitar el gasto público pocas veces pensamos en la cantidad de personas que verán peligrar sus empleos. Y como siempre esos empleos que peligran serán los de autónomos y profesionales liberales que basan gran parte de sus ingresos en dar servicio a la administración pública. En especial los abogados y las farmacias son quien más están notando la falta de medio públicos.
En España están adscritos al turno de oficio unos 36.000 abogados, según el Consejo General de la Abogacía (CGAE). Lamentablemente algunos ya han tenido que acudir a pólizas de crédito ante la demora en los pagos de la Administración. Las retribuciones de los abogados de oficio se verán recortadas por la actual situación de contención del gasto público en los próximos meses. Prácticamente ningún abogado ha vivido del turno de oficio nunca pero complementaba su sueldo de manera constante pero la disminución de estos ingresos les afectará gravemente.
Además de los abogados otro de los colectivos gravemente afectados por la situación es el de los farmacéuticos. La obligación de dispensar genéricos o el medicamento con marca más barato, implantada por el Gobierno este mes, unido al retraso en el pago de facturas de las comunidades autónomas han llevado a los boticarios a una situación límite. El caso más extremo lo viven las farmacias de Castilla-La Mancha las cuales soportan una deuda de unos 125 millones de euros.
Los Colegios de Farmacéuticos han empezado a hacer cuentas y el de Tarragona calcula que la obligación de dispensar el producto más barato supondrá reducir un 20% las ventas, lo que supondrá ajustes de personal y suprimir urgencias nocturnas. Debemos recordar que los farmacéuticos trabajan con precios y márgenes fijados, por lo que no pueden repercutir costes financieros al cliente. Por lo tanto, las deudas de la Administración no hacen nada más que agravar el problema.
Fuente: CincoDías
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