Si bien las compañías de gran infraestructura o las multinacionales se adaptan a los cambios fácilmente sin mayores inconvenientes, para las pequeñas y medianas empresas es más difícil incorporar nuevos hábitos, más aún en cuanto a una inversión tecnológica. Es por ello que la aparición de la factura electrónica es un hecho, una necesidad y una obligación de todas las empresas.
Sin embargo, la e-factura demora su implementación en el mundo pyme y en otros sectores en el que se deben acelerar los proyectos. En el caso de España, así sea la Administración Pública o las pymes no logran avanzar de acuerdo a lo esperado para así digitalizar el proceso de facturación comercial.
Desde el año 2007, con la aprobación de la Ley de Impulso a la Sociedad de la Información y el uso de la e-factura, el país promovió fuertemente su uso que, al día de hoy, es demora más de la cuenta.
De acuerdo a un informe de la agencia Seres, en el sector público sólo el 40 por ciento de las entidades administrativas del Estado piensan en utilizar la factura digital. La principal ventaja es el ahorro en dinero e insumos y la agilización del sistema. Pero la gran desventaja es que hay un 60 por ciento de empresas que desconocen su utilización, su poder legal y los beneficios de la e-factura.
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