Hay una lógica en el mundo de los negocios que debe ser aplicada en todo momento. Si por un lado el crédito no es suficiente y la liquidez no alcanza, pues entonces se deberá reducir otras fugas de dinero. En este caso, los impuestos. Para ello, la ley del Impuesto de Sociedades también será modificada.

De esta manera, aquellas pequeñas y medianas empresas que dispongan de una estructura pequeña o mediana y que pierdan los límites de facturación de hasta 8 millones de euros, podrán continuar con los beneficios fiscales.

La medida tiene como objetivo reducir los egresos de dinero en variaciones impositivas, como así también toda operación societaria y ampliación de capital entre los años 2011 y 2012. En este caso, dichas pymes no deberán pagar el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

El crédito es la principal demanda de las pymes, pero a falta de ello, la exención de impuestos es un alivio financiero.

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De alguna manera se debe cobrar lo adeudado, pues es la única forma en que un Estado lograr recaudar los fondos suficientes para poder administrar una nación. Pero cuando las cuentas tributarias se aplican a las pequeñas y medianas empresas, la morosidad se convierte en un grave problema si se permite el paso del tiempo.

Por ello, los planes para recuperar las deudas deben ofrecer un nuevo beneficio en tiempos de crisis financiera, y ello es lo que ocurre con la morosidad pública con las pymes y los autónomos, que gozarán de aplazar el pago de sus impuestos.

Es así que en el Congreso, Diputados aprobó en forma unánime una proposición para implementar una compensación de las deudas tributarias en mora -pendientes de pago- de las pequeñas y medianas empresas y los autónomos. Sólo serán válidas, lógicamente, las deudas oficiales de la Administración Pública.

La oportunidad de ofrecer planes y bonificaciones ante las deudas reconocidas por el Fisco es una buena alternativa para combatir una crisis que, por el momento, planea extenderse mucho tiempo más.

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Desde el inicio de la crisis financiera que la economía no lograr crecer y mantener el ritmo del consumo y el empleo, con lo cual la actividad de las pequeñas y medianas empresas se complica aún más si es que no gozan de la financiación necesaria para subsistir durante los próximos tiempos. Pero la clave para resistir la crisis no sólo depende del crédito, sino también de la exención de impuestos y cargas fiscales.

Una de esas últimas medidas es la que implementó por decreto el Consejo de Ministros, quien desde ahora elimina el cobro a las operaciones entre las pymes. De esta manera, el Pacto de Zurbano sumará nuevas disposiciones impositivas para reactivar la economía sobre el impuesto de sociedades.

De esta manera, cuando antes el límite para que las pequeñas y medianas empresas no documenten operaciones comerciales superiores a 100 mil euros, ahora se decidió elevar la suma a los 250 mil euros, siempre en las operaciones dentro del territorio español. La medida es muy positiva pues supone un gran ahorro de dinero en este tipo de operaciones. Se estima que las pymes ahorrarán más de 3.500 millones de euros al año con la nueva disposición.

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Por el momento y durante mucho tiempo más, la crisis financiera en España continuará vigente. Algunos analistas estiman que por lo menos hasta mediados del año 2011 las finanzas en el país serán negativas, por ello todo tipo de incrementos en impuestos es un factor determinante para el freno del consumo, que más que nunca debe ser reactivado.

La decisión de subir el IVA fue clave, pues al concretarse automáticamente cada consumidor comenzará a pagar más dinero de su presupuesto. Sin embargo, gran parte de la comunidad de autónomos y empresarios pymes tomaron una decisión audaz pero muy destacada, pues según como lo anunció las Asociaciones Federadas de Autónomos de Asturias (AFAS), autónomos y empresarios no trasladarán al consumidor final la suba en el IVA, sino que lo asumirán ellos mismos. De esta manera, los productos y servicios en mayor medida no sufrirán incrementos que paralizarán aún más el consumo.

Vale aclarar que la decisión responde sólo a los autónomos y empresarios socios de AFAS. La medida es muy positiva pese a la crítica situación de las propias pymes.

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El anteproyecto de ley de Economía Sostenible no deja de deparar sorpresas una vez que se conoce el articulado completo que se ha planteado. La primera modificación importante la tenemos en la Ley 58/2003 General Tributaria que faculta al Ministerio de Economía y Hacienda a establecer los supuestos de notificación telemática obligatoria para los supuestos que así determine el Ministerio.

Para que nos hagamos una idea; imaginemos que decide poner en práctica esta notificación telemática para la declaración de IRPF, obviando la notificación ordinaria en domicilio, dado que esta modificación normativa le faculta para ello. Todos aquellos que presenten la declaración de la renta, 17,5 millones de ciudadanos, tienen que contar con una dirección electrónica única para poder acceder a las notificaciones de Hacienda. A efectos prácticos, implica que en el plazo de dos años, todas las actividades económicas tendrán que disponer de un sistema de notificaciones telemáticas y a medio plazo, todos los ciudadanos.

IC ya adelantó esta posibilidad, en los albores de preparación del articulado de esta ley y coincido plenamente con él. La desprotección jurídica para todos los contribuyentes es directa en el caso de una dospuntocerización plena de la Agencia Tributaria, porque por desgracia, internet no forma parte de la vida de todas las personas todavía.

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